Análisis normativo y jurisprudencial de los contratos de préstamos usurarios

Javier Alvarez Hernando.



El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la usura, en una de sus acepciones, como el interés excesivo en un préstamo. Desde un punto de vista normativo, la usura encuentra sus límites en una Ley muy antigua, pero plenamente vigente en la actualidad: la denominada como Ley Azcárate, es decir, la Ley de la Usura, de 23 de julio de 1908. 

El artículo 1 de esta norma, declara nulos los contratos de préstamo calificados de usurarios, mereciendo tal calificación, según la Jurisprudencia (SSTS de 18/10/1968; 19/12/1974; 30/12/1987; 7/11/1990, 24/04/1991, 8/11/1991, y mas recientes, como las de 30/11/2006 y 15/07/2008): 

1) Aquellos en que las partes estipulan un interés superior al normal del dinero y se entienda que es manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. 

La jurisprudencia, con alguna excepción, no considera aplicable la norma contra la usura más que a los intereses remuneratorios (STS de 2/10/2001 y de 4/06/2009. No obstante, en la STS de 7/05/2002, el propio tribunal mantiene una doctrina distinta, afirmando que "...ha de advertirse que por el hecho de que los pactos sobre intereses de demora, anatocismo y cláusula penal sean permitidos por el Código Civil no escapan a la aplicación de la Ley de 23 de julio de 1908, que se refiere en el art. 1 a la estipulación de un interés, sin distinguir su clase o naturaleza". Con independencia de esta Sentencia, no puede olvidarse que al menos hay dos sentencias que entienden inaplicable la Ley Azcárate a intereses de demora. 

En consecuencia, existen vacilaciones en la jurisprudencia, que han motivado que en la doctrina de las Audiencias Provinciales también se haya optado a veces por aplicar esta norma a intereses de demora, como sucede con la SAP de Valencia, de 8/02/2006, o de Tarragona, de 3/01/2006. 

2) Los que por las condiciones de sus pactos contengan resultados leoninos, deduciéndose de sus cláusulas que han sido aceptados por el deudor a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Resulta de gran interés la exposición jurídica de la Sentencia de 16/09/2008, de la AP de Cuenca, al declarar como usurario un contrato de préstamo: “la aceptación por parte de los prestatarios de condiciones usurarias se produce, prácticamente en todos los casos, ante la existencia de una (grave) dificultad económica. Por supuesto, quien puede acudir al mercado ordinario de préstamo o crédito, busca en él las condiciones más satisfactorias o beneficiosas desde el punto de vista económico. Si la financiación, en cambio, se procura y obtiene al margen de ese mercado es, por regla general, o bien porque pueden obtenerse unas condiciones económicas más ventajosas (que evidentemente no es el caso) o bien como consecuencia de la imposibilidad de acceder a aquel mercado”. La citada sentencia se refiere, con acierto, al trasfondo sociológico de la usura: “Aprovechando que el prestatario por su falta de solvencia no puede obtener un préstamo en "condiciones normales", el prestamista asume el riesgo de impago, mayor o menor, a cambio de obtener una sustancialmente superior retribución por el préstamo”. 

En cuanto a la inexperiencia del deudor, resulta de interés la SAP de Madrid, de 7/02/2005, que declara la existencia de un préstamo usurario, y destaca que se trata de una condición abusiva de crédito a la vista de que se suscribió entre un profesional y un consumidor no acostumbrado al mundo financiero o crediticio. 

3) Aquellos en los que la cantidad que se exprese como recibida sea mayor que la verdaderamente entregada, cualquiera que sea su suma y circunstancias. Se trata, por tanto, de una norma de carácter objetivo que entraña una presunción «iuris et de iure» de usura (STSS de 12/03/1958, y 23/09/1958, 15/02/1964 y 24/04/1991). 

En otro orden de cosas, consolidada jurisprudencia (entre otras STS de 24/05/1988 y de 7/11/1990), en consonancia con el artículo 2 de la Ley Azcárate, establecen que en los procesos de préstamos usurarios el juzgador no debe estar únicamente sujeto a una prueba tasada, sino que es necesario concederle libertad de convicción. Por último, debe considerarse el criterio jurisprudencial unánime de que basta cualquiera de los casos o circunstancias indicadas en el citado artículo 1 para la calificación como usurario del contrato de préstamo (SSTS de fechas 24/03/42, 17/12/45, 19/06/62, 15/12/65 y 14/04/66 , entre muchas otras), pues la conjunción "o" que intercala el mencionado precepto entre los elementos objetivos y subjetivos de la usura, lleva a apreciar que basta cualquiera de ellos (bien los objetivos, bien los subjetivos) para que pueda calificarse el préstamo como usurario (SSTS de 7/03/86, 24/05/88 y 24/04/91). 

Por otro lado, los intereses excesivos o abusivos, además de hallarse regulados en la Ley de Usura, como hemos expuesto con anterioridad, se recogen en la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo; en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; y en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito. 

La normativa de consumidores y usuarios citada, exige la buena fe y el justo equilibrio de las prestaciones en las cláusulas, condiciones o estipulaciones contenidas en la oferta, promoción y venta de productos o servicios, en orden a la protección de los intereses económicos y sociales de los particulares, excluyendo, expresamente, las cláusulas abusivas, entendiendo por tales las que perjudiquen de manera desproporcionada o no equitativa al consumidor, o comporten en el contrato una posición de desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio de los consumidores y usuarios. Recordamos la facultad moderadora del juez con base en el artículo 1.152 del Código Civil, respecto a dichas cláusulas abusivas, y destacamos, finalmente lo establecido en el artículo 88 del R.D.Leg. 1/2007, de 16 de noviembre, en el que se determina que se consideran abusivas las cláusulas que supongan la imposición de garantías desproporcionadas al riesgo asumido.